Llevaba meses estudiando este caso cuando comenzaron las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia el 4 de mayo de 2026. Había leído los dos libros del Dr. Nelson Ramírez Torres, analizado la Memoria de Guyana, seguido cada hora de las audiencias en tiempo real, y comentado públicamente en redes sociales con todo lo que aprendí. Lo que no esperaba era quedar gratamente sorprendido por la defensa que presentó Venezuela.
Este artículo es mi intento de explicar, sin tecnicismos innecesarios, lo que realmente ocurrió en La Haya entre el 4 y el 11 de mayo de 2026. Lo hago con base en el libro que compiló el Dr. Allan Brewer-Carías — 582 páginas con la transcripción completa de cada argumento presentado por ambas partes — publicado gratuitamente por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Si algo merece celebrarse en medio de todo esto, es que Venezuela tiene juristas de esa talla trabajando en silencio, sin cámaras, por el bien del país.
Por qué este caso importa más que cualquier otra cosa
Antes de entrar en lo que se dijo en La Haya, hay que entender lo que está en juego. El Esequibo es un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados — más grande que Grecia — que Venezuela reclama como suyo desde 1899. Frente a sus costas, ExxonMobil opera uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, con reservas probadas de más de 11.000 millones de barriles. Guyana ya produce cerca de un millón de barriles diarios de ese territorio. Hay también oro, diamantes, litio y una zona económica exclusiva marítima cuyo valor es incalculable.
Los 15 jueces de la CIJ van a decidir de quién es todo eso. Y su decisión es definitiva, vinculante e inapelable. No hay segunda oportunidad. Lo que falle la Corte a finales de 2026 determinará el mapa de Venezuela para siempre.
Para entender por qué el caso existe, hay que retroceder a 1899.
El fraude de 1899
En octubre de ese año, un tribunal de cinco árbitros dictó el Laudo Arbitral de París. En seis párrafos y 844 palabras, sin explicar absolutamente nada, le entregó al Reino Unido 159.500 kilómetros cuadrados de territorio venezolano. El fallo no dice por qué decidió lo que decidió. No cita ninguna ley. No analiza ninguna prueba. Simplemente dicta una frontera y la firma.
Años después, uno de los propios abogados que participó en el proceso por el lado venezolano, Severo Mallet-Prevost, dejó un memorando póstumo que fue publicado en 1949. En él revelaba que el árbitro ruso Friedrich Martens había presionado a los demás árbitros para llegar a un acuerdo político que favoreciera al Reino Unido. Que las deliberaciones no se rigieron por el derecho sino por la conveniencia. Que fue un arreglo entre potencias, no una sentencia de justicia.
Lo que también salió a la luz décadas después fueron los documentos confidenciales intercambiados entre Richard Olney, Secretario de Estado de EEUU, y Lord Pauncefote del Reino Unido, donde quedaba claro que habían acordado condiciones del arbitraje sin informarle a Venezuela. El diplomático venezolano que firmó el Tratado de Washington de 1897 fue engañado sobre su alcance. Le dijeron que solo se arriesgaba un pedacito de tierra. En realidad se arriesgaban 159.500 kilómetros cuadrados.
Ese fue el contexto del laudo. Un país débil, rodeado de imperios, sin acceso a la información real sobre lo que estaba firmando, que vio cómo le quitaban la mitad de su territorio en seis párrafos sin explicación.
El Acuerdo de Ginebra: el documento que lo cambia todo
En 1962, Venezuela presentó formalmente ante la ONU las pruebas del fraude. Se abrieron cuatro años de negociaciones con el Reino Unido. Y en febrero de 1966 ocurrió algo que muchos no comprenden en toda su dimensión.
El Reino Unido, la Guayana Británica — que se independizaría tres meses después — y Venezuela firmaron el Acuerdo de Ginebra. En él, las tres partes se comprometieron a revisar si el laudo era válido o nulo, y a buscar una solución satisfactoria para ambos países.
Detente un momento en lo que eso significa.
El Reino Unido era el beneficiario del laudo. Si creía que Venezuela había aceptado ese laudo durante 67 años, ¿por qué se sentó a revisar si era válido o nulo? ¿Por qué no dijo simplemente «Venezuela ya lo reconoció, no hay nada que discutir»? Nunca lo dijo. Se sentó a negociar. Porque sabía que Venezuela nunca había aceptado.
Ese es el argumento que el Dr. Nelson Ramírez Torres documentó con precisión en sus libros y que representa, a mi juicio, la pieza más poderosa de la defensa venezolana. No depende de interpretar intenciones. No depende de documentos secretos. Depende de un hecho verificable que nadie puede negar: el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra. Y ese acto solo tiene sentido si la supuesta aceptación de Venezuela nunca existió.
Las audiencias: lo que realmente pasó
Cuando comenzaron las audiencias el 4 de mayo, muchos venezolanos — yo incluido — temíamos lo peor. Las declaraciones públicas del canciller sugerían que Venezuela gastaría sus horas en repetir que no reconoce la jurisdicción de la Corte, un argumento que ya se había perdido en 2020 y ratificado 14 a 1 en 2023. Temíamos que las horas más importantes de la historia jurídica del país se desperdiciaran en discursos políticos.
Lo que encontré al leer las 582 páginas del libro de Brewer-Carías fue diferente.
El equipo jurídico internacional de Venezuela fue sólido. Andreas Zimmermann, Paolo Palchetti, Christian Tams, Jean-Marc Thouvenin, Danae Azaria, Makane Moïse Mbengue, Antonio Remiro Brotóns — un equipo de profesores de las mejores universidades del mundo que presentaron argumentos técnicamente rigurosos y bien fundamentados. El propio jurista venezolano Héctor Faúndez Ledesma, uno de los críticos más severos de cómo se ha manejado el caso, lo reconoce en el libro: los abogados hicieron bien su trabajo, y Venezuela prevaleció en el argumento de la nulidad del laudo.
Eso merece ser dicho con claridad: Venezuela prevaleció en el argumento de la nulidad del laudo. No lo digo yo. Lo dice Faúndez Ledesma.
Los cinco argumentos que Venezuela presentó
Primero, la novación. El argumento más sofisticado lo presentó Zimmermann. Dijo que el Acuerdo de Ginebra no solo establece un marco de negociación — operó una novación del laudo de 1899. En términos simples: como cuando rompes un contrato viejo y firmas uno nuevo. El contrato viejo deja de existir. El laudo fue reemplazado por el AG. Si eso prospera, Guyana no puede pedirle a la Corte que confirme algo que ya fue extinguido como instrumento jurídico.
Segundo, la coerción estructural. Azaria respondió directamente el argumento de Guyana sobre la aquiescencia. Dijo que Venezuela estuvo entre 1899 y 1962 bajo dominación imperial, bloqueo naval en 1902, amenazas militares constantes, la doctrina Monroe en su versión más agresiva. Silencio bajo esas condiciones no es aceptación jurídica. Es sobrevivencia. La jurisprudencia de la propia CIJ exige interpretar la conducta de un Estado en su contexto histórico real.
Tercero, la falta de motivación. Palchetti demostró que la obligación de motivar los laudos arbitrales ya existía en 1899. El Institut de droit international la había reconocido años antes. La Primera Conferencia de La Haya la codificó meses antes del laudo. Y el contraste es demoledor: el tribunal de 1899 tomó seis días para decidir después de 56 sesiones de audiencias orales y 2.600 documentos. Un fin de semana en que uno de los árbitros ni siquiera estaba en París. Seis días para leer, analizar y decidir lo que había tardado años en construirse. Eso no es deliberación judicial. Es un arreglo político que se firmó con apuro para que nadie preguntara demasiado.
Cuarto, el exceso de poder. Tams señaló dos excesos verificables en el laudo. El primero: el régimen de navegación sobre los ríos Barima y Amakuru. Las partes nunca argumentaron ese tema. El tribunal lo decidió de oficio, completamente fuera de su mandato. El segundo: el tribunal estaba obligado a decidir con base en derecho y no lo hizo. Decidió con base en conveniencia política. El fallo sin motivación es en sí mismo la prueba de que no hubo razonamiento jurídico.
Quinto, la ausencia de renuncia. Thouvenin y Azaria respondieron juntos el argumento de la renuncia. Venezuela no supo hasta décadas después que la habían engañado en el arbitraje. Los documentos confidenciales del acuerdo Olney-Pauncefote no eran del dominio público. Cuando Venezuela finalmente los obtuvo, presentó el reclamo de nulidad de inmediato, en 1962. No puede haber renuncia tácita cuando el Estado no tenía acceso a la evidencia del fraude.
Lo que Guyana argumentó y dónde fue brillante
Sería deshonesto no reconocer que Guyana también contrató un equipo excepcional. Philippe Sands, Paul Reichler, Pierre d’Argent, Alain Pellet — cuatro de los litigantes más temibles en la historia de la CIJ.
El argumento más difícil de refutar fue el de Pellet sobre el derecho intertemporal. Dijo que el laudo de 1899 debe juzgarse con las reglas de 1899, no con las de hoy. Si en 1899 no existía una norma consuetudinaria que obligara a los árbitros a motivar sus fallos, la falta de motivación no es una causal de nulidad. No puedes condenar a alguien por violar una ley que no existía cuando actuó. Es un argumento jurídicamente serio que Venezuela tuvo que trabajar duro para refutar.
D’Argent respondió el argumento de la novación con precisión: la novación en derecho internacional requiere una intención clara e inequívoca de las partes de sustituir un instrumento por otro. El texto del Acuerdo de Ginebra preserva expresamente los derechos previos de las partes. Si el AG novara el laudo, no tendría sentido preservar derechos previos — los extinguiría. Pero los preserva. Por lo tanto no hay novación. Es un contraargumento técnicamente elegante.
Y la abogada Nilufer Oral presentó algo que genuinamente me sorprendió: no solo habló del silencio de Venezuela. Presentó evidencia de que Venezuela actuó activamente como si el laudo fuera válido. Mapas oficiales venezolanos con la línea del laudo. Legislación venezolana que asumía esa frontera. Actos administrativos que respetaban la demarcación de 1905. La diferencia entre silencio pasivo y conducta activa es jurídicamente importante. Y es difícil de contestar.
La mayor debilidad de Guyana: casi no presentó argumentos sobre qué pasa con la frontera si el laudo es declarado inválido. Apostaron todo al argumento de la aceptación de Venezuela y no prepararon el escenario alternativo. Si la Corte declara nulo el laudo, ¿cuál es la frontera? Guyana no tiene una respuesta clara.
El argumento que Ramírez Torres tenía razón en insistir
Después de leer las 582 páginas, llego a una conclusión que debo expresar con claridad: el Dr. Nelson Ramírez Torres tenía razón en el argumento central que proponía en sus libros.
El equipo jurídico de Venezuela presentó el Acuerdo de Ginebra como instrumento de novación. Es un argumento técnicamente sofisticado pero que tiene una vulnerabilidad: depende de que los jueces acepten una doctrina jurídica específica sobre la cual hay debate.
El argumento de Ramírez Torres no tiene esa vulnerabilidad. Es más simple y más letal. No depende de interpretar la intención del AG ni de adoptar una doctrina sobre novación. Depende de una pregunta lógica que no tiene respuesta satisfactoria desde la posición de Guyana: si Venezuela aceptó el laudo, ¿por qué el Reino Unido se sentó en 1966 a revisar si era válido o nulo? ¿Por qué no dijo simplemente «Venezuela ya lo reconoció, no hay nada que revisar»? Nunca lo dijo. En 123 años, nadie alegó esa aceptación hasta que Guyana la escribió por primera vez en su Memoria de 2022.
En un tribunal, el argumento más simple que no puede refutarse siempre es más poderoso que el argumento más sofisticado que sí puede refutarse. Ramírez Torres tenía la bala más limpia. Los abogados eligieron el arma más complicada. Ambos apuntan al mismo blanco, pero uno tiene más posibilidades de dar en el centro.
Las críticas que merecen ser dichas
Faúndez Ledesma es generoso con los abogados pero severo con la conducta del gobierno. Y tiene razón en ambas cosas.
La intervención de la Procuradora General Arianny Seijo Noguera fue un desperdicio de tiempo precioso en un proceso donde cada minuto contaba. Las audiencias tienen horas fijas. Usar esas horas en una presentación que el propio Faúndez califica de innecesaria fue un error.
La decisión de mantener en secreto total la Contramemoria y la Dúplica fue otra equivocación. Universidades, academias, juristas, partidos políticos, sociedad civil — nadie tuvo acceso a los argumentos que Venezuela presentó por escrito. Nos enteramos de ellos el primer día de audiencias, a través de los comentarios de los abogados de Guyana. En un asunto de interés nacional de esta magnitud, esa opacidad es inexcusable.
Y la participación de Delcy Rodríguez y las declaraciones políticas al final de las audiencias introdujeron un tono que contradecía el rigor con que los abogados habían llevado el proceso. Los jueces no deciden en función de discursos sobre soberanía. Deciden en función de argumentos jurídicos.
Dicho esto, hay que reconocer lo que se reconoce: el gobierno venezolano tomó la decisión de comparecer. Después de años de ausencia, desacato y retórica, se presentó en La Haya, contrató abogados serios y construyó una defensa técnica. Pudo no haberlo hecho. Y si no lo hubiera hecho, Venezuela hubiera perdido por default. Esa decisión, tardía e imperfecta como fue, era la correcta.
Mi pronóstico
El caso está genuinamente abierto. Más de lo que pensaba antes de leer el libro.
No espero un fallo de todo o nada. Lo más probable es un resultado mixto: la Corte declara inválido el laudo de 1899 — en lo cual Venezuela prevaleció según la evaluación de Faúndez — pero no determina la frontera, y ordena a los países continuar negociando bajo el Acuerdo de Ginebra. Eso sería una victoria parcial para Venezuela. Importante pero no definitiva. ExxonMobil seguiría extrayendo mientras los dos países negocian, posiblemente durante años o décadas.
Si la Corte acepta la novación o la nulidad por falta de motivación, Venezuela gana en el fondo y la frontera tendrá que redefinirse. Si la Corte rechaza ambas y acepta la aquiescencia, Guyana gana. El resultado mixto es el más probable porque es el que le permite a la Corte ser coherente con su propia jurisprudencia sin tener que pronunciarse sobre todos los puntos en disputa.
La batalla real después del fallo no será jurídica. Será diplomática y económica. Venezuela tendrá que negociar participación en el petróleo offshore del Esequibo usando como palanca su propio petróleo, que Estados Unidos necesita. Si el fallo es contundente, Venezuela negocia desde la fortaleza. Si es tibio, negocia desde la debilidad. Esa diferencia depende de qué tan bien los jueces hayan leído lo que los abogados construyeron en La Haya.
El reconocimiento que nadie está haciendo
Antes de cerrar, quiero nombrar a dos personas que merecen reconocimiento público y que no están recibiendo suficiente atención en el debate nacional.
El Dr. Nelson Ramírez Torres lleva años advirtiendo exactamente cómo se debía defender este caso. Sus libros — La Recuperación del Esequibo y el Manual para ganar el juicio del Esequibo — documentan con precisión los argumentos que podían ganar el caso ante la CIJ. Muchos de los planteamientos que los abogados de Venezuela usaron en La Haya tienen su huella intelectual. Que su trabajo sea reconocido no es una cuestión de ego académico. Es justicia.
El Dr. Allan Brewer-Carías dedicó décadas a estudiar esta controversia. Y cuando terminaron las audiencias, en lugar de guardar para sí lo que aprendió, compiló en 582 páginas cada palabra que se dijo en La Haya y lo puso a disposición de cualquier venezolano gratuitamente, a través de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Ese gesto — silencioso, sin fanfarria, sin conferencia de prensa — es la definición de servicio público.
Venezuela no perdió este territorio en La Haya en parte gracias a hombres como ellos. Ese trabajo académico, acumulado durante años sin cámaras ni reconocimiento, también es patriotismo.
Para descargar el libro
Si quieres leer cada palabra que dijeron los abogados de Venezuela y Guyana ante los 15 jueces de la CIJ, el libro completo está disponible de forma gratuita gracias a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y Editorial Jurídica Venezolana:
Descargar: Guyana v. Venezuela. Oral Arguments ICJ, May 2026 — Compilado por Allan R. Brewer-Carías
