Hoy, mientras escribo esto, 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia están sentados en La Haya escuchando a Guyana explicar por qué un territorio que fue venezolano antes de que Guyana existiera como país supuestamente les pertenece. El miércoles le toca hablar a Venezuela. Y lo que se diga en esa sala durante los próximos días va a determinar el futuro de 159.500 kilómetros cuadrados de territorio, 11.000 millones de barriles de petróleo, reservas incalculables de oro, diamantes y litio, y una zona económica exclusiva marítima que vale cientos de miles de millones de dólares.
No hay apelación. No hay segunda oportunidad. Lo que la Corte decida es definitivo.
Y sin embargo, la mayoría de los venezolanos no entiende lo que está pasando. No porque no les importe, sino porque nadie se ha tomado el trabajo de explicarlo sin tecnicismos, sin consignas y sin propaganda. Ese es el propósito de este artículo.
Por qué el Esequibo es de Venezuela
Empecemos por lo que debería ser obvio pero que muchos desconocen.
Desde 1499 hasta 1810, el territorio que hoy llamamos Esequibo formaba parte de la Capitanía General de Venezuela bajo la corona española. Cuando Venezuela se independiza, hereda ese territorio por un principio fundamental del derecho internacional llamado uti possidetis iuris: lo que era tuyo bajo la metrópoli sigue siendo tuyo como nación independiente. El límite natural era el río Esequibo. Todo lo que estaba al oeste del río era Venezuela. Todo lo que estaba al este era territorio de las colonias holandesas, que el Reino Unido compró en 1814.
Y aquí viene un dato que debería ser más conocido: los propios británicos lo reconocían. En 1829, la London Encyclopaedia, una publicación británica, no venezolana establece textualmente que el río Esequibo es el límite entre las colonias británicas y la Guayana Española. Es decir, antes de que empezara la ambición territorial, el propio Reino Unido sabía dónde terminaba su territorio.
¿Qué pasó después? A partir de 1835, un explorador llamado Robert Schomburgk trazó una línea fronteriza por encargo del gobierno británico. Esa línea original ponía el límite en el río Esequibo. Pero el mapa fue modificado sucesivamente en 1840, en 1877 (al cual le pusieron fecha falsa de 1875), y en 1886, cada vez corriendo la frontera más hacia el oeste, reclamando más territorio venezolano. El mapa de 1886 ya abarcaba los 159.500 kilómetros cuadrados que hoy están en disputa. Cada versión era más ambiciosa que la anterior. Eso no es cartografía. Es falsificación documental sistemática.
El laudo de 1899: cuatro páginas que despojaron a Venezuela
En 1897, bajo presión internacional y con la intervención de Estados Unidos como supuesto intermediario, se firmó el Tratado de Arbitraje de Washington. Venezuela fue engañada sobre su alcance. El Secretario de Estado norteamericano, Richard Olney, le aseguró al diplomático venezolano José Andrade que solo se arriesgaba un pequeño triángulo de tierra entre los ríos Pomerón, Moruco y Esequibo. En realidad, las reglas del arbitraje ponían en riesgo la totalidad del Esequibo. Las reglas fueron diseñadas a la medida del imperio: prescripción de 50 años, dominación política como título de propiedad, colonización como posesión legítima. Con esas reglas, Venezuela no podía ganar.
En 1899, un tribunal de cinco árbitros — dos británicos, dos estadounidenses y un ruso como presidente — dictó el laudo. El fallo tiene cuatro páginas. No explica por qué decide lo que decide. No cita ninguna ley. No analiza ninguna prueba. No da ninguna razón. Simplemente le quita a Venezuela 159.500 kilómetros cuadrados.
Años después, el abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost, que participó en el caso representando a Venezuela, dejó un memorando póstumo — publicado en 1949 — donde reveló que el árbitro ruso, Friedrich Martens, fue presionado por el Reino Unido para fallar contra Venezuela. En una carta de 1899 a su colega George Burr, Mallet-Prevost ya había escrito que «los árbitros británicos no se rigieron por consideración alguna de Derecho o Justicia.» Hubo un arreglo entre Rusia y el Reino Unido: a Venezuela le devolvían la boca del Orinoco a cambio de quedarse con todo lo demás. No fue un fallo jurídico. Fue un reparto colonial.
El Acuerdo de Ginebra: el arma que Guyana no puede borrar
En 1962, Venezuela presentó formalmente ante la ONU las pruebas del fraude del laudo. Se abrieron cuatro años de negociaciones con el Reino Unido. Y en 1966, ocurrió algo que lo cambia todo.
El 17 de febrero de 1966, tres partes — el Reino Unido, la Guayana Británica y Venezuela — firmaron el Acuerdo de Ginebra. En él, las tres partes aceptaron revisar si el laudo de 1899 era válido o nulo, y buscar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia.
Quiero que el lector se detenga un momento en lo que eso significa.
Si el Reino Unido realmente creía que Venezuela había aceptado el laudo durante 60 años, ¿por qué se sentó a discutir su validez? ¿Por qué no dijo simplemente «Venezuela ya lo reconoció, no hay nada que discutir»? Nunca lo dijo. Ni en las reuniones previas entre 1962 y 1966, ni al firmar el Acuerdo, ni después. Se sentó a negociar porque sabía que la supuesta aceptación de Venezuela no existía.
El Acuerdo de Ginebra es la prueba más poderosa que tiene Venezuela. No es un documento retórico. Es un tratado internacional vigente, registrado ante la ONU, firmado por las tres partes relevantes. Y su existencia destruye la base de la demanda de Guyana.
Qué dice Guyana y por qué no se sostiene
La demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia tiene un solo pilar: la aquiescencia. En derecho internacional, la aquiescencia es la aceptación tácita mediante el silencio y la conducta. Guyana alega que Venezuela, entre 1899 y 1962, se comportó como si el laudo fuera válido — demarcó la frontera, publicó mapas con esa línea, no protestó formalmente de manera sostenida — y que ese comportamiento equivale a haberlo aceptado.
Las 287 páginas de la Memoria de Guyana descansan sobre esta idea. Si cae, la demanda entera se derrumba.
Y cae por tres razones encadenadas:
Primera: si el laudo fuera válido por sí mismo, Guyana no necesitaría la aquiescencia. Que toda la demanda dependa de demostrar que Venezuela lo aceptó es la confesión implícita de que Guyana sabe que el laudo, por sí solo, no se sostiene. Es una muleta. Si el laudo caminara solo, no la necesitarían.
Segunda: esa muleta se rompió en 1966. El Acuerdo de Ginebra borró cualquier aceptación anterior. Cuando las tres partes — incluyendo el Reino Unido — se sentaron a revisar la validez del laudo, cualquier silencio previo de Venezuela perdió su valor jurídico. No puedes alegar que alguien aceptó algo cuando tú mismo firmaste un tratado para revisar si lo que supuestamente aceptó era válido.
Tercera: 123 años de silencio lo confirman. La primera vez en toda la historia que alguien alega la aquiescencia de Venezuela es en la Memoria de Guyana de 2022. Ni el Reino Unido en 1962 cuando Venezuela reclamó ante la ONU. Ni al firmar el Acuerdo de Ginebra en 1966. Ni en las 17 reuniones de la Comisión Mixta entre 1966 y 1970. Ni en el Protocolo de Puerto España de 1970. Ni en 52 años de Buenos Oficios del Secretario General de la ONU. Si tenían ese derecho, ¿por qué lo guardaron en un cajón durante más de un siglo? No lo guardaron. No existía. Lo construyeron retroactivamente en 2022.
El laudo es nulo en sí mismo
Independientemente de la aquiescencia, el laudo de 1899 tiene vicios propios que justifican su nulidad. El jurista venezolano Nelson Ramírez Torres los ha organizado en lo que denomina tres anillos de nulidad.
El primer anillo es la inmotivación. Se prueba con solo leer el laudo. Cuatro páginas sin explicación, sin análisis, sin fundamentación jurídica. Una sentencia que no dice por qué decide lo que decide es nula en cualquier sistema jurídico del mundo.
El segundo anillo es el abuso de poder de los árbitros. Se pronunciaron sobre materias que nadie les había encomendado — como la navegación de los ríos Amacuro y Barima — y afectaron a países que no eran parte del tratado arbitral. Además, no aplicaron el principio del uti possidetis iuris que el propio Tratado de Washington de 1897 obligaba a respetar.
El tercer anillo es el fraude procesal. Las revelaciones de Mallet-Prevost, respaldadas por la carta de Cleveland a Olney (1901), la carta de Perry Allen a Pulido Méndez (1951) y el artículo del juez Cullen citando al propio agente británico George Buchanan, configuran un cuadro probatorio de fraude que la Corte puede evaluar sin necesidad de que el Reino Unido sea parte del juicio.
Este último punto es crucial: con los tres primeros anillos, la CIJ puede declarar la nulidad del laudo sin involucrar al Reino Unido como parte procesal. Eso neutraliza cualquier objeción de «tercero indispensable» que Guyana quiera plantear.
Los precedentes que Guyana invoca no aplican
Guyana va a citar dos casos como precedentes ante la CIJ: el caso del Laudo Arbitral del Rey de España (Honduras v. Nicaragua, 1960) y el caso del Templo de Preah Vihear (Camboya v. Tailandia, 1962).
En ambos casos, la CIJ determinó que una de las partes había aceptado la decisión arbitral y por tanto no podía impugnarla. Guyana quiere que la Corte aplique la misma lógica a Venezuela.
Pero hay una diferencia fundamental que lo cambia todo: en ninguno de esos dos casos existía un tratado equivalente al Acuerdo de Ginebra. En el caso del Rey de España, la CIJ señaló que el laudo era válido «aun sin actos de reconocimiento» porque estaba ampliamente motivado y ajustado a derecho. El laudo de 1899 no puede decir lo mismo — cuatro páginas sin motivación alguna. Y en el caso de Preah Vihear, Tailandia recibió un mapa y simplemente no reaccionó durante años. Venezuela sí reaccionó, desde 1899, y el Acuerdo de Ginebra es la evidencia definitiva de que la controversia nunca estuvo resuelta.
Ramírez Torres lo dice con precisión quirúrgica en su análisis del párrafo 9.16 de la Memoria de Guyana, donde los abogados de Guyana intentan conectar falazmente el Acuerdo de Ginebra con el caso del Rey de España. La conexión lógica es insostenible. Es un fraude intelectual deliberado.
La mayor amenaza no es Guyana
Tengo que decir algo que muchos no quieren escuchar: la mayor amenaza para Venezuela en este caso no es Guyana, ni Foley Hoag, ni Alain Pellet, ni ExxonMobil, ni el CARICOM. La mayor amenaza es Venezuela misma.
El referéndum de 2023. Las elecciones ficticias en el Esequibo. Las incursiones navales. Las declaraciones de que no se acataría el fallo de la CIJ. Cada una de esas acciones fue un regalo para los abogados de Guyana. La Corte emitió dos órdenes de medidas provisionales contra Venezuela — en diciembre de 2023 y en mayo de 2025 — que Venezuela desacató. Los jueces son humanos. Cuando ven a un país que desafía sus órdenes reiteradamente, ese país pierde credibilidad antes de abrir la boca.
Y hoy, el canciller Yván Gil fue a La Haya a decir que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte. Pero eso ya se perdió en 2020 cuando la CIJ declaró que sí tiene jurisdicción. Repetirlo ahora no cambia el resultado. Solo gasta minutos valiosos que deberían dedicarse a destruir la aquiescencia con el Acuerdo de Ginebra.
Venezuela tiene un caso ganador. El problema nunca han sido los argumentos. El problema ha sido cómo se manejan.
Qué debería pasar el miércoles 6 de mayo
El miércoles 6 de mayo, Venezuela tiene su turno ante la CIJ. Lo que diga ese día puede determinar el destino del 62% de nuestro territorio.
Lo que debería ocurrir es claro: abrir con el Acuerdo de Ginebra como pieza central. Proyectar ante los jueces la línea de tiempo de los 123 años de silencio — que nunca, en más de un siglo, el Reino Unido ni Guyana alegaron la aquiescencia. Presentar los tres anillos de nulidad del laudo. Desmontar los precedentes del Rey de España y Preah Vihear con la diferencia fundamental del Acuerdo de Ginebra. Solicitar medidas cautelares contra las concesiones petroleras que Guyana otorga ilegalmente en territorio cuya propiedad está siendo decidida por la Corte en este momento. Y cerrar con una reconvención reivindicatoria: Venezuela no solo defiende, sino que reclama lo que le pertenece desde antes de que Guyana existiera como nación.
Reflexión final
Me he dedicado a estudiar este caso durante meses. He leído los libros de Nelson Ramírez Torres, probablemente el jurista venezolano que más profundamente ha analizado la estrategia para ganar este juicio. He revisado la Memoria de Guyana. He estudiado los precedentes. Y llego a una conclusión que quiero compartir con total honestidad:
Venezuela tiene los argumentos para ganar este caso. El Acuerdo de Ginebra está ahí. Los 123 años de silencio están ahí. Las pruebas del fraude están ahí. Los tres anillos de nulidad están ahí. La falsificación de mapas está documentada. La propia enciclopedia británica de 1829 reconocía el Esequibo como límite. Todo existe.
Lo que falta y lo que siempre ha faltado es ejecución impecable y supervisión rigurosa. Este es el caso más importante de la historia de Venezuela después de la independencia. Merece ser tratado con esa gravedad. No como instrumento político, no como consigna electoral, no como distracción mediática. Como lo que es: un juicio donde se decide el futuro territorial, económico y estratégico de la nación.
Si el laudo fuera válido, Guyana no necesitaría la aquiescencia. Y si necesitan la aquiescencia, es porque el laudo no vale nada.
El Esequibo es nuestro. Pero ser dueño de algo y demostrarlo ante un tribunal son dos cosas distintas. La primera la da la historia. La segunda la da la disciplina.
Esta semana se decide cuál de las dos prevalece.
